Consultor de proyectos sobre discapacidad
Son varias las definiciones sobre lo que son políticas publicas, personalmente coincido con quienes consideran la definición de Tamayo Vargas como una de la más precisas y esclarecedoras en su sentido de concepción “políticas públicas es el conjunto de decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un determinado momento los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”.
La política publica es esencialmente la decisión de un gobernante (autoridad elegida democrática) que deviene en voluntad política considerada en su gestión de gobierno, la que trasuntará significativamente en un corto o mediano o largo plazo en una acción de beneficio permanente a una población o a un colectivo específico.
En el aspecto social, el fin supremo de las políticas públicas es acometer en los espacios donde se ubican los grupos poblacionales vulnerables en la necesidad de desarrollar condiciones propicias de superación estructural de la pobreza y extrema pobreza, por lo que las políticas públicas deben ser consistentes con la normatividad y legislación existente y vigente respectiva que permitirán luego el diseño de planes, programas y proyectos de esta índole.
Las políticas publicas son consustanciales con la identidad de los gobernantes y en su equivalencia se podría aplicar el conocido adagio “dime que políticas públicas estás ejecutando y te diré que tipo de gobernante eres”. A un gobierno ya sea este nacional, regional o local claramente se le reconoce por las políticas públicas que implementa y desarrolla.
Por otro lado, no hay duda que la población con discapacidad que de acuerdo a estudios de la O.M.S está actualmente bordeando el 15% de la población peruana (más de cuatro millones), es uno de los sectores del país donde campea la pobreza y pobreza extrema (se estima que es del 82%) y se expresa en una serie de hechos objetivos: prejuicios, estigmas, exclusión, marginación, discriminación, postergación, desigualdad, invisibilidad, indiferencia, rechazo, inequidad, falta de oportunidades, entre otros.
Otros estudios recientes han demostrado que un país subdesarrollado como el Perú no podrá lograr su desarrollo pleno y reducir los niveles de pobreza sino se brinda una especial atención y consideración a la problemática de la discapacidad, por esta misma razón fundamental las políticas de discapacidad deben ocupar un lugar prioritario en los planes gobierno y de desarrollo y de lucha contra la pobreza de nuestro país (Del Águila M., Tesis Univ. Católica del Perú 2011).
La problemática de la discapacidad es amplia, diversa y compleja porque su temática es amplia, diversa y compleja y en esta perspectiva y en el enfoque moderno de cambio radical de paradigmas, la discapacidad deja de ser vista solamente como un asunto de especialidad médica de asistencia al individuo con alguna deficiencia o limitación física, sensorial, mental o intelectual y se torna en un asunto que involucra a un entorno donde insoslayablemente están inmersos el estado, la sociedad, la familia y la necesidad de ubicar a la problemática de la persona con discapacidad como un asunto de hecho y de derecho.
En 1970 la población con discapacidad en el Perú era de 10%, actualmente es de 15% ¿qué factores son los que han determinado el incremento de su prevalencia en el Perú? Se pueden enumerar varios factores o causas discapacitantes pero uno de ellos resulta sin duda la inexistencia ayer y la escasez hoy de políticas publicas en esta materia, políticas públicas que conlleven políticas de prevención, atención y promoción de servicios; en el orden de la prevención por ejemplo, no se ejecutan programas que contengan actividades o campañas intensas y permanentes de cómo evitar discapacidades producto de accidentes de trabajo, de transito, etc o de efectivas campañas de atención a enfermedades que últimamente están originando frecuentes discapacidades visuales o motoras como la diabetes. Sumado a esto el Estado no ha construido (ni lo está haciendo) centros de servicios de habilitación y rehabilitación para atender a las personas que ya cuentan con alguna discapacidad.
Pero, además de lo ya referido está también el no permitir que la persona con discapacidad desarrolle sus potencialidades, habilidades y destrezas, es decir sus propias capacidades individuales que permitan la mejora de su condiciones de calidad de vida y colectivamente de la mejora económica del país, pues al respecto el Banco Mundial considera que el Perú perdió en la década 1992-2002 un promedio del 7% de su PBI por no incluir en el proceso de producción y productividad laboral a la población con discapacidad económicamente activa.
En esta línea de pensamiento y reflexión y de acuerdo al marco normativo legal, los gobiernos regionales y municipales están llamados a considerar que la urgente necesidad de formular e implementar políticas públicas sobre discapacidad, no es exclusivamente responsabilidad del gobierno nacional, sino que estos niveles de gobierno sub-nacionales también están demandados a implementar políticas regionales y locales que coadyuven, complementen y refuercen las políticas nacionales ya dadas; por ejemplo, una de las políticas publicas más importantes que se haya dado desde el gobierno central es el Plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (PIO) 2003-2007 (D.S. 009-2003 MIMDES) en una primera versión y luego complementada esta versión por el PIO 2009-2018 (D.S. 0007-20008 MIMDES), esta fórmula justamente debe adecuarse en lo que corresponde a sus forma y fondo a una política regional y local dentro del contexto de cada realidad, así cada región, municipio provincial o distrital debería contar con una Plan de igualdad de oportunidad para personas con discapacidad a nivel distrital, provincial y regional para un periodo de tiempo determinado y los que a la vez deberán estar horizontalmente articulados y armonizados entre sí.
Téngase por aclarado que la propuesta de la formulación de estas políticas públicas indispensablemente debería detentar las siguientes características:
- Deben estar adecuadamente presupuestadas (acorde a las normas legales y directivas sobre los programas presupuestales para la inclusión integral de la población con discapacidad que el Poder Legislativo y el MEF han dado y vienen complementando al respecto para ser ejecutadas por los gobiernos regionales y municipales).
- Que en su elaboración, diseño o formulación, implementación, monitoreo y evaluación participen activamente las personas con discapacidad a través de sus organizaciones de y para personas con discapacidad (conforme al párrafo 3 del artículo 4 del Tratado internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad vigente en el Perú con fuerza de ley desde el 3 de mayo del 2008).
- Que técnicamente sean monitoreadas y evaluadas por una comisión ad-hoc a fin de medir sus resultados y de acuerdo a ello si los resultados no son convincentes se deben realizar los ajustes correspondientes.
He allí, señores de los gobiernos regionales y municipales el reto y la tarea de desarrollar sus capacidades de gobierno y función pública. Jhon F. Kennedy, dijo: “La grandeza de un gobernante se mide por la atención prioritaria que le de a su población más pobre”.
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