Artículo de Opinión: PROCOMPITE "Una oportunidad para el Desarrollo Económico y la Competitividad Local"

Martín Cornejo Cornejo

Asesor Regional del Proyecto Emprende ejecutado por Swisscontact

La implementación de la ley Nº 29337, ley de promoción a la competitividad productiva, más conocida como ley PROCOMPITE, se presenta como una gran oportunidad para que los gobiernos locales y regionales promuevan el desarrollo económico y la competitividad de sus respectivas
jurisdicciones territoriales. En efecto, A través de su implementación, éstos órganos de gobierno, pueden invertir recursos financieros para el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología, en beneficio de los agentes económicos organizados (Art. 1 de la citada ley). La inversión, puede comprender la construcción de infraestructura y/o entrega de equipos, maquinaria, insumos y servicios de asistencia técnica.

Esta ley viene a cubrir un vacío legal teniendo en cuenta que el actual sistema nacional de inversión pública –SNIP- no permite a los gobiernos regionales y locales transferir recursos al sector privado, en el cual están incluidos los pequeños productores agrarios y no agrarios, los mismos que siempre demandan ayuda a estos órganos de gobierno para la mejora de sus actividades económicas. Ahora con la ley PROCOMPITE, estas instancias, pueden destinar hasta el 10% del monto total de su plan de inversión para promover la competitividad, a través  de la implementación de un fondo concursable. Para ser beneficiados con los recursos de este fondo, los diferentes actores económicos organizados, deben postular con un Plan de Negocios que contemple el mejoramiento de la competitividad de su iniciativa económica. Pero ojo, en ningún momento se contempla transferir dinero en efectivo, si no que la entidad convocante sea municipal o regional compra los bienes o equipos, construye la infraestructura o contrata los servicios contemplados en el plan de negocios y los transfiere en donación a la organización beneficiaria.

La ley de PROCOMPITE, guarda coherencia con la ley orgánica de municipalidades (Art.36) y la ley orgánica de gobiernos regionales (Art.10) que establecen funciones y atribuciones  a los gobiernos locales y regionales, respectivamente, para promover el desarrollo económico de sus respectivas jurisdicciones territoriales. Desde esta perspectiva, esta ley es una de las más descentralistas que se hayan dado en los últimos años, puesto que son los mismo gobiernos regionales y municipales quienes destinan los fondos, priorizan las cadenas a beneficiar, establecen las bases del concurso y seleccionan a los ganadores de acuerdo a criterios establecidos por ellos mismos.

Según datos del MEF,  a nivel nacional son 11 gobiernos regionales y 135 gobiernos locales los que han implementado o están en proceso de implementación de sus fondos concursables. En nuestra región, este año, las municipalidades provinciales de Sullana y Morropón - Chulucanas ya implementaron sus concursos con montos de un millón y doscientos mil soles respectivamente. En la actualidad se encuentran en la etapa de compra y entrega de los bienes y equipos a las asociaciones ganadoras. En tanto, el gobierno regional  ha destinado diez millones de soles para el primer concurso y actualmente se encuentra en plena etapa de evaluación de las propuestas presentadas. Por su parte, algunos municipios distritales como La Matanza, Buenos Aires, Paimas, Montero y otros se encuentran en plena etapa de implementación.

Si sumamos el monto total que en teoría pueden destinar tanto el gobierno regional como los gobiernos locales para la implementación de sus respectivos concursos, podemos notar que  esta ley presenta un gran potencial para promover el desarrollo económico y la competitividad de las principales cadenas productivas de la región, ayudando a desatar los nudos críticos en los diferentes eslabones de la cadena, que no permiten a los pequeños productores organizados posesionarse en mejores condiciones en el mercado nacional e internacional.

Un peligro que comienza a avizorarse, es que se haga un manejo direccionado de los fondos y que la asignación de recursos no corresponda a los criterios técnicos establecidos en las bases, si no a criterios políticos donde se distribuyan los recursos más pensando en los réditos y compromisos políticos que en el impacto económico que éstos generen. Si esto se diera, estaríamos frente a una nueva oportunidad perdida por parte de nuestras autoridades. Y que después no le echen la culpa de sus errores a la falta de recursos, a la ley o al centralismo limeño.

Piura, 25 de julio de 2013