Artículo de Opinión: TAREAS PENDIENTES

Ing. José Patiño Angeldonis

"Consultor en Gestión Municipal y Desarrollo Económico Local"

Elegidos ya los gobernantes que regirán los destinos de nuestra región, provincias y distritos por los cuatro años venideros y teniendo en cuenta los serios cuestionamientos que tiene el sistema político y gubernamental a todos los niveles en el
país, es pertinente plantear y exigir desde todos los estamentos representativos de la sociedad civil algunos nuevos mecanismos de fiscalización y vigilancia ciudadana que, lejos del formalismo legal y burocrático en el que han devenido, por ejemplo los Consejos de Coordinación Regional y Local,  así como los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo, Regional y Locales (Provincia y Distritos),  permitan desterrar progresivamente las malas prácticas de gobierno que día a día en los últimos años han venido siendo denunciadas por los ciudadanos a través de la prensa regional, lamentablemente cuando el perjuicio ya ha sido perpetrado.

A continuación se plantea algunas propuestas que considero permitirán, en un futuro mediato, recuperar la credibilidad de la política y de quienes pretenden hacer del ejercicio de la acción política un acto de servicio a la colectividad y no de intereses particulares, sean estos de orden personal y/o de grupo. Veamos.

1.       Toda autoridad electa en el proceso que acaba de concluir, el primer día de gestión tiene la obligación de traducir en ley regional o municipal, el compromiso ético asumido mediante su firma cuando era candidato, por lo que deberá encargar ya mismo  a su equipo de asesoría, elaborar la fórmula legal pertinente. Sería este un edificante primer acto de compromiso con la transparencia.

2.       En la sierra (Huancabamba, Ayabaca, y algunos distritos de Morropón), zonas de menor desarrollo, se hace necesario implementar un nuevo sistema de vigilancia en el cual las Rondas Campesinas tengan, de acuerdo a sus atribuciones legales (Ley 27908 y D.S. Nº 025 – 2003- JUS) un papel preponderante en la fiscalización de los recursos públicos.

La voluntad política y fortalecimiento de capacidades para la elaboración de normas legales locales y la asignación de recursos mínimos para su implementación, nos permitirán saber el tipo de gestión y gobernante al que le hemos brindado o reiterado la confianza. No más Sesiones de Concejo privadas o fantasmas (las que no se realizan pero aparecen consignadas en los libros de actas para cobrar las dietas); no más incumplimiento de los acuerdos del proceso de Presupuesto Participativo; aprobación e institucionalización de sistemas participativos de transparencia y fiscalización en los procesos de provisión de bienes y servicios que permitan detectar y sancionar drásticamente a los infractores.

Hacer posible todo esto necesita la propuesta y aprobación de normatividad local, función inherente de los gobiernos locales y que poco o nada se ha ejercido en los últimos tiempos que se han caracterizado por la presencia de concejales y concejos municipales desinformados, timoratos e improductivos, cuando no cómplices de cuestionadas gestiones. Esto debe y tiene que cambiar.

3.       En aquellas zonas predominantemente rurales de la costa de nuestra región, con presencia de Rondas campesinas, considero que puede replicarse lo reseñado para la sierra. No hay que olvidar que grandes sectores poblacionales de estas zonas son migrantes que debido a la falta de oportunidades en la sierra se trasladaron a estas nuevas jurisdicciones donde en general han reproducido las costumbres e instituciones que ejercitaron en la tierra que les vio nacer.

4.       En las zonas netamente urbanas debe darse paso a una participación más orgánica de los representantes de la población, dejando de lado el clientelismo, que en general, permite que los representantes de la sociedad civil sean afectos a quienes detentan el poder local y por lo tanto su ejecutoria en cuanto a vigilancia y fiscalización sea muy pobre o nula. Se hace pues necesario legislar para instaurar procedimientos verdaderamente democráticos, los cuales den lugar a una real movilización ciudadana. Un trabajo coordinado entre el gobierno  local, la Defensoría del Pueblo y la ONPE, con veedores de algunas ONG`s con experiencia en la temática, garantizarán buenos resultados tanto en la imparcialidad de la elección como en los resultados objeto de las instancias. Llevar adelante esto requerirá de voluntad política y asignación de recursos presupuestales, pero a juzgar por lo manifestado por la Contraloría General de la República, ya sabemos cuánto nos cuesta la corrupción que por ahora parece haberse enseñoreado en nuestra Patria. La rentabilidad de la inversión en estos mecanismos pues, hechos los cálculos, está garantizada.

5.       A nivel regional y partiendo de la necesidad de una lucha frontal contra la corrupción y habiendo suscrito el presidente regional electo el pacto de gobernabilidad, considero impostergable:

a)      Sincerar los costos que significa llevar a cuestas un ente burocrático gigantesco como el aparato regional que tiene, para ser exacto, 25 unidades ejecutoras en las cuales siempre  habrá la tentación del clientelismo para el favor político. Hay que conjurar esa tentación.

b)     El presidente, sobre la base de su slogan de campaña (En la honestidad está el cambio), deberá liderar como gobernante, depositario de la confianza de todos los pobladores de la región, una lucha frontal contra la corrupción, lo que significará constituir, ordenanzas regionales de por medio, un sistema que unifique los esfuerzos que han venido y vienen haciendo algunos colectivos como el Frente Regional de Lucha Contra la Corrupción, que ha denunciado una serie de “irregularidades” en el ejercicio de la función pública en gobiernos locales provinciales y distritales de la región.

La constitución del Consejo Regional Integrado de Fiscalización y Vigilancia del Gobierno, en el cual se integren todas las instituciones que tienen  como función la lucha contra la corrupción, los colectivos ciudadanos ya vigentes y los que se puedan constituir en el marco de la nueva legislación local planteada líneas arriba (gobiernos locales provinciales y distritales), deberá ser una prioridad estratégica en nuestra región.

En toda esta tarea, la inclusión de niños y jóvenes será de impostergable necesidad, pues el futuro camina a pasos agigantados hacia nosotros y requerimos ejercicio de probidad como condición indispensable para sobrevivir como una sociedad civilizada y sostenible.